Cuando se habla de bienestar animal, muchas veces el debate se centra en campañas de adopción, identificación o control poblacional. Sin embargo, existe una cuestión menos visible pero igual de importante: la capacidad de respuesta ante una emergencia veterinaria que ocurre fuera del horario habitual.
Un animal atropellado durante la madrugada, una camada abandonada en un festivo o un gato comunitario con lesiones graves no pueden esperar al siguiente día laborable. Las emergencias no entienden de horarios, y precisamente por eso la existencia de servicios de atención urgente constituye una pieza fundamental dentro de cualquier sistema de protección animal.
Cuando la urgencia no puede esperar
La atención veterinaria urgente no es únicamente una cuestión de organización. En muchos casos puede marcar la diferencia entre la recuperación de un animal y el agravamiento irreversible de su estado.
La realidad es que las situaciones críticas pueden producirse en cualquier momento. Por ello, la legislación vigente incorpora obligaciones específicas dirigidas a garantizar una respuesta adecuada cuando aparecen animales abandonados, extraviados o que requieren asistencia inmediata.
La lógica detrás de estas obligaciones es sencilla: si existe una responsabilidad pública en materia de protección animal, también debe existir la capacidad de actuar cuando surge una emergencia.
La diferencia entre tener un protocolo y garantizar un servicio
En la gestión pública suele hablarse con frecuencia de protocolos.
Los protocolos son necesarios. Permiten coordinar recursos, definir responsabilidades y establecer procedimientos de actuación. Sin ellos sería difícil responder de forma organizada a muchas incidencias.
Sin embargo, disponer de un protocolo no siempre equivale a garantizar el resultado para el que fue diseñado.
La cuestión de fondo no es únicamente quién recibe un aviso o qué pasos deben seguirse. La pregunta verdaderamente relevante es si el sistema permite que la asistencia llegue cuando resulta necesaria.
Dicho de otra manera: un procedimiento puede existir sobre el papel, pero la ciudadanía necesita saber si, llegado el momento, la atención podrá prestarse de forma efectiva.
Transparencia y capacidad de respuesta
Este debate conecta directamente con la transparencia pública.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se organizan los servicios que afectan al interés general, qué recursos existen y qué mecanismos permiten garantizar su funcionamiento.
Cuando hablamos de atención veterinaria urgente, la transparencia resulta especialmente importante porque permite responder preguntas básicas:
- ¿Existe un servicio operativo durante las 24 horas?
- ¿Quién presta la asistencia cuando se produce una emergencia?
- ¿Qué recursos están disponibles fuera del horario ordinario?
- ¿Qué ocurre si el recurso inicialmente previsto no puede intervenir?
Responder de forma clara a estas cuestiones contribuye a generar confianza y a demostrar que los sistemas de protección funcionan realmente cuando son necesarios.
La responsabilidad pública más allá de la gestión externa
Otro aspecto relevante es la diferencia entre gestionar un servicio y asumir la responsabilidad sobre él.
En numerosos ámbitos de la administración pública determinados servicios son prestados por entidades o profesionales externos. Sin embargo, la externalización no elimina las obligaciones de la administración competente.
La gestión puede realizarse mediante contratos, convenios o colaboraciones, pero la responsabilidad de garantizar que el servicio exista y funcione continúa correspondiendo a la administración que tiene atribuida esa competencia.
Por ello, el análisis no debe centrarse únicamente en quién presta materialmente la asistencia, sino en si existe una estructura capaz de asegurar que dicha asistencia estará disponible cuando sea necesaria.
¿Qué ocurre si la atención no puede prestarse?
Esta es probablemente la pregunta más importante.
Cuando una emergencia veterinaria no recibe respuesta inmediata pueden producirse consecuencias que van mucho más allá de la mera incidencia administrativa.
Según las circunstancias concretas de cada caso, podrían plantearse cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones legales existentes, la posible existencia de responsabilidades administrativas o patrimoniales y, en situaciones especialmente graves, otras consecuencias jurídicas que correspondería valorar a las autoridades competentes.
Pero más allá del plano jurídico existe una realidad evidente: la ausencia de atención urgente puede traducirse en sufrimiento evitable, agravamiento de lesiones o incluso la pérdida de vidas animales que necesitaban asistencia inmediata.
Por eso la capacidad real de respuesta constituye un elemento esencial dentro de cualquier política pública de bienestar animal.
Un caso reciente en Yecla
Esta cuestión volvió a ponerse sobre la mesa el pasado 2 de junio sobre las 21:00 h, cuando una ciudadana localizó a dos gatitos de corta edad en un estado sanitario extremadamente grave junto a un contenedor de residuos.
Según la información disponible, se activó el protocolo municipal previsto para estos casos y agentes de la Policía Local realizaron las gestiones necesarias para localizar una clínica veterinaria que pudiera prestar asistencia urgente. Finalmente, la clínica veterinaria La Jungla, respondió al requerimiento y asumió la atención de los animales.
Resulta obligado reconocer la actuación de la ciudadana que dio el aviso, de los agentes intervinientes y de los profesionales veterinarios que atendieron la emergencia. Gracias a esa actuación coordinada fue posible salvar la vida de ambos animales, aunque uno de ellos ha perdido la visión debido al grave estado en que fue encontrado.
Afortunadamente, en esta ocasión los animales pudieron recibir asistencia porque finalmente existió un recurso disponible capaz de asumir la emergencia. Precisamente por ello surge la pregunta de fondo: ¿qué habría ocurrido si ninguna clínica veterinaria hubiera respondido al requerimiento efectuado? ¿Habría existido una alternativa operativa capaz de garantizar la atención urgente prevista por la ley?
¿quién habría garantizado la atención veterinaria urgente que el artículo 22.1 de la Ley 7/2023 exige que esté disponible las veinticuatro horas del día?
Mientras estas preguntas no puedan responderse de forma clara, operativa y verificable, la garantía efectiva del servicio seguirá estando en cuestión.
Y si la atención veterinaria urgente exigida por la Ley 7/2023 depende, en la práctica, de que exista una clínica disponible que responda al requerimiento, resulta difícil sostener que el cumplimiento de esa obligación legal esté plenamente asegurado. Porque un servicio obligatorio no se garantiza con la mera existencia de un protocolo, sino con la certeza de que la asistencia podrá prestarse cuando resulte necesaria
En Alcantarilla los gatos comunitarios no están cubiertos con servicio de urgencias. Es más, con la clínica donde se realizan las castraciones, solo están cubiertos tratamientos menores veterinarios.
Es un tema que tenemos pendiente, sí. Siendo las voluntarias las que asumimos esos gastos cuando acontece una urgencia o los tratamientos no los cubre el Ayuntamiento.